¿Colocaría
alguien como gerente o director de su empresa a un mecánico, “jalador” o
vendedor de carnes rojas con apenas educación primaria? Es un riesgo que pocos
se atreverían a correr, y de ello sabe muy bien César Cataño Porras (o Adolfo
Carhuallanqui Porras) quien, según la Fiscalía de Tacna, hizo dirigir sus empresas
Kanawaga Corporation SAC, Import Export Vizcar SA, Transportes Aéreos Cielos
Andinos SAC, Bryan Cataños SA, Interliser EIRL, entre otras, a amas de llave,
vendedores de refrigerio, soldadores, amigos y familiares.
¿Buena
voluntad o estrategia? Nadie lo sabe; lo cierto es que la Fiscalía encontró un
desbalance patrimonial millonario en los beneficiarios del controvertido
empresario, que hoy están denunciados por el mismo delito del que se lo acusa,
el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.
Así,
por ejemplo, tenemos el caso de Flor de María Porras Palomino, una vendedora de
carnes rojas que el 2004 fue nombrada gerente de Interliser EIRL, a donde
aportó la irrisoria cantidad de mil soles. A través de dicha empresa, según
información recabada del Banco de Crédito, se efectuaron operaciones de
ingresos y egresos de dinero desde el 2003 al 2005 cuyas procedencias, a la
fecha, no han podido ser determinadas. El año pasado un informe pericial
contable de la Dirección Antidrogasla PNP
(Dirandro) reveló que Flor Porras tenía un desbalance patrimonial de nada menos
que 7 millones 188 mil 686 soles.
Otra
vendedora de carnes rojas también está involucrada en el caso. Se trata de
Berónica Sarro Soto, conviviente de Cataño al 2006. La imputada aparece como
una de las fundadoras de Bryan Cataños SA, empresa a la no aportó ni un sol,
pero que extrañamente la hizo enriquecerse, ya que en la actualidad tiene un
desbalance patrimonial de 95 mil 671 dólares. Según las indagaciones del fiscal
a cargo del caso, Jorge Veiga Reyes, Bryan Cataños SA fue una empresa que “solo
tuvo como finalidad recibir préstamos de dinero de terceros no identificados”.
JALADOR DE CLIENTES
Cuando
Cataño empezó en el rubro de la importación de vehículos conoció a Joe Silva
Flores, un “jalador de clientes”, quien a pedido de su amigo Cataño, aceptó ser
socio fundador de Kanagawa Corporation S.A.C. Esta empresa recibió depósitos en
efectivo que suman en total 304 mil 55 dólares, pero que al momento, se
desconoce quién enviaba tanto dinero. Los representantes de Kanagawa, según la Fiscalía , tampoco han
podido documentar de modo formal las operaciones comerciales que supuestamente
realizaban con empresas de Japón y Rusia. En tanto, el “jalador de clientes”
presenta un desbalance patrimonial de 742 mil 764 soles.
Otro
de los que se habría sacado la lotería por su amistad con Cataño es Jhon Andía
García, quien conoció a Cataño a través de un anuncio en el diario donde requerían
a un joven con conocimientos de computación. Andía terminó ocupado diversos
cargos gerenciales en Transportes Aéreos Cielos Andinos SAC e Import Export
Vizcar SA. “Este acusado, quien no concluyó sus estudios superiores o técnicos,
al parecer, tendría una gran destreza en los negocios, pues a la fecha posee
tres vehículos valorizados en 20 mil dólares”, se lee en la denuncia fiscal. El
Ministerio Público cuestiona también a Silva por haber sido propietario de un
departamento en el distrito de Miraflores (Lima), que adquirió por 68 mil
dólares. Dicho inmueble lo vendió posteriormente a Cataño por 35 mil dólares,
precio mucho menor al de su costo inicial.
¿Cómo
adquirió Andía García tanto dinero para comprar autos y un departamento?, se
pregunta el fiscal Veiga. “Por la buena voluntad de un residente allegado en
Japón”, fue la respuesta que dio Andía. ¿Digno de crédito? Eso solo lo decidirá
la Corte Superior
En
la lista de “colaboradores” de Cataño también se hallan Geni Carhuallanca
Carhuamanca, María Helena Carhuallanqui Porras, Juana Luz Carhuallanqui Porras,
Giussalini Silva Flores, Aldo Carhuallanqui Porras, María Nélida Porras
Palomino, su hija Lady Cataño Sarro y el corredor de autos Ernesto Jochamowitz
Enersby Martínez. Todos presentan desbalance patrimonial, a excepción del
piloto Jochamowitz.
EMPRESAS FACHADA
Las
indagaciones del fiscal Veiga determinan que los acusados, liderados por
Cataño, dirigieron “empresas fachada” con el único fin de disfrazar el
verdadero delito del que ahora se los inculpa, el tráfico ilícito de drogas.
Según Veiga hay suficientes razones para vincular a Cataño con el narcotráfico.
Uno
de los indicios es la estrecha vinculación comercial que tuvieron las empresas
Kanagawa Corporation SAC e Import Export Vizcar SA con el extinto Guzmán Rojas
Hurtado, o Carlos Olivas Hurtado (también se había cambiado de nombre), quien
fuera sentenciado por narcotráfico.
Existen,
además, dos expedientes judiciales en contra de Cataño y María Porras Palomino;
en uno de ellos se detalla la vinculación de estos con la elaboración de
alcaloide de Cocaína en diferentes localidades de Huancavelica y Junín, durante
los años ochenta.
“A
ello se agrega el irregular cambio de identidad que de modo malicioso efectuó
el acusado para no ser identificado ni relacionado con esta investigación,
adoptando la nueva identidad de César Cataño Porras”, asevera Veiga en su
denuncia fiscal.
El
otro proceso por el cual fue investigado es referente al hallazgo de una poza
de maceración dentro de un predio en Huancayo, donde también se elaboró, en
varias oportunidades, alcaloide de cocaína.
De
otro lado, el hermano de Cataño, Aldo Carhuallanqui Porras fue sorprendido el 1
de febrero de 1983 con la posesión de 3. 394 Kg . de alcaloide de cocaína. Estos y otros
argumentos hacen presumir a la
Fiscalía que Cataño hizo su fortuna a través narcotráfico,
usando empresas fachada para así justificar su bonanza económica. El fiscal
Veiga precisa que la mayoría de las empresas de Cataño ni siquiera llegaron a
funcionar pero, extrañamente, recibieron fuertes transferencias de dinero.
Como
es de conocimiento público, el fiscal Veiga solicitó 30 años de cárcel para
Cataño y 10 años de pena privativa de la libertad contra su hija Lady Cataño
Sarro y el piloto Ernesto Jochamowitz. Para los demás acusados se les ha
solicitado 25 años de condena.
Sandy Poma Chata
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